La industria farmacéutica es un sector productivo de una gran importancia estratégica, dedicada a la investigación, fabricación y comercialización de productos para mejorar la salud y calidad de vida. Estas industrias se enfrentan a desafíos importantes que requieren grandes inversiones como consecuencia de los rápidos avances tecnológicos y científicos, convirtiéndose en una de las principales impulsoras de la economía de muchos países. Esto conlleva el peligro de que por motivos de rentabilidad, se puede ver comprometido el beneficio de los pacientes a los que se dirigen sus medicamentos, que debe ser el fin primordial; en otras palabras, podría producirse la obtención de un lucro no siempre bajo parámetros legítimos, aplicándose altos márgenes que aunque se justifican por los elevados costes en investigación, pueden obedecer más a una elevada inversión publicitaria.
El conflicto de intereses
La libertad de mercado debería verse restringida de algún modo cuando el producto afectado es indispensable para la salud de los ciudadanos, ya que puede originarse un conflicto de intereses, donde al interés legítimo de la obtención de beneficios, se superpongan otros que dificulten el fácil acceso a los medicamentos.
Ante esta realidad, podemos hacernos varias preguntas: ¿es justo el lucro en la atención a la salud?, ¿Cuándo se cruza la línea entre el beneficio para la salud y unas ganancias excesivas?
Desde la perspectiva de la industria farmacéutica, sus ganancias están justificadas porque impulsan a que dicha empresa sea competitiva y pueda desarrollar productos sanitarios seguros y eficaces para beneficio de muchos.
En la relación de estas industrias con los profesionales de la salud, se deben evitar influencias o beneficios que pudieran condicionar la prescripción de determinados fármacos, comprometiendo el uso racional de los medicamentos y lesionar la confianza en la relación médico-paciente.
La ética en la prescripción es fundamental, mediando un consentimiento debidamente informado de éstos, velando por el principio de beneficencia y bienestar para el paciente, como dicta la ética profesional y el buen juicio clínico, actuando con responsabilidad y plena libertad de prescripción, sin influencias externas, y considerando el coste que supone para la sanidad. El principio de beneficencia obliga a disponer de las evidencias científicas con una fiel información. El análisis bioético es imprescindible para un buen diagnóstico de la situación, pudiendo realizar los cambios oportunos con rigor y prudencia, con iniciativa de los médicos llevada a cabo a través de sus organizaciones, tratando de llegar a un acuerdo con la administración sanitaria y las industrias farmacéuticas, todos ellos implicados en la prescripción.
El riesgo de mala praxis
Algunas de estas industrias farmacéuticas, para su expansión en el mercado, recurren en ocasiones a prácticas ilegales como la corrupción, el soborno o el ocultamiento, no siempre influyendo sobre los médicos, sino también entre estas industrias y las autoridades reguladoras. Podrían citarse algunos casos al respecto como el caso del macro juicio en París en el año 2021, en el que se acusó a la industria farmacéutica Servier y al Organismo Regulador francés por el caso Mediator, un fármaco para tratar la diabetes y que muchos médicos recetaron también para tratamientos de adelgazamiento, causando lesiones cardiacas y pulmonares a causa de las cuales murieron millones de franceses.
También, en 2017 las farmacéuticas gastaron 182,5 millones, pagando costes de congresos y viajes a médicos españoles. 18 médicos recibieron más de 50.000 euros de una sola farmacéutica. Hay que decir, que los planes de formación ofrecidos por la Sanidad Pública para actualizar los conocimientos de los profesionales médicos son muy limitados y estas farmacéuticas aprovechan la dejadez de estas Administraciones Públicas sanitarias, para conseguir sus objetivos económicos, sufragando dicha formación e influyendo en los facultativos para que prescribieran sus productos, sin valorar las consecuencias posteriores sobre los pacientes. Desde 2011, en España, al establecerse la prescripción por principio activo, las influencias de las farmacéuticas están más limitadas, lo que supone un gran ahorro para la sanidad pública.